Comunidad embera en el Parque Nacional: esto es lo que ha pasado desde hace más de tres años

En 1940, un monumento fue instalado en el Parque Nacional: en honor a Rafael Uribe Uribe, se construyó una imagen en piedra (material extraído del municipio de Suesca) que representa el martirio del general Liberal que luchó durante la Guerra de los Mil Días. Sobre las estatuas con rostros compungidos, lamentándose por los designios del destino, por las desdichas de la historia, está la inscripción con la dedicatoria: ‘A Rafael Uribe Uribe: apóstol, paladín, mártir’.

Más de ochenta años después, esos mártires han sido testigos de la formación de asentamientos de pueblos indígenas que llegaron hasta la capital con una serie de peticiones e inconformidades con respecto a las acciones del Gobierno en sus territorios.

A principios de 2021 se consolidó un campamento de diversas comunidades indígenas en el Parque Nacional: quienes pasaban por la Séptima veían paredes artesanales formadas con palos y trapos, plásticos fungiendo como techos y cabuyas uniendo las carpas entre sí.

Estos refugios van mucho más allá de la Séptima y, casi tres años después, se han extendido a lo largo del Parque: a estas alturas, entre procesos de reincorporación que no se completan y fugaces intentos de retorno a sus territorios que terminan en el regreso al asentamiento improvisado, se ha consolidado una especie de resguardo en el lugar.

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Entidades distritales y nacionales atienden a los y las indígenas del Parque Nacional

A principios de octubre de 2021, cuando el campamento indígena había ocupado buena parte de la entrada principal al Parque Nacional (es decir: las zonas aledañas al monumento sobre la Séptima), la Secretaría de Gobierno, en aquel entonces en cabeza de Luis Ernesto Gómez, comenzó los procesos para atender las peticiones de las comunidades asentadas.

En ese momento había, de forma oficial, 263 integrantes de la comunidad Embera Katío que se agrupaban en decenas de familias.

Vale destacar que la conglomeración en el Parque no ocurrió de forma repentina: desde mediados de 2020, tras los estragos sociales y económicos derivados de las restricciones por covid-19, hubo una movilización indígena que en su momento se ubicó en el Parque Tercer Milenio. Varias de esas familias pronto se unieron al asentamiento del Parque Nacional.

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La llegada de nuevos integrantes de comunidades de forma intermitente, así como los procesos de movilización y retorno (que para muchas y muchos se convirtieron en una línea curva que tarde o temprano vuelve al punto inicial), dificultan la consolidación de cifras por parte de las entidades y organizaciones involucradas.

Aunque el asentamiento en el Parque Nacional tomó visibilidad a mediados de octubre de 2021, el 30 de septiembre de ese mismo año la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) publicó un comunicado exigiéndole al presidente Iván Duque y a la alcaldesa Claudia López “brindar atención urgente, con garantías y con enfoque diferencial indígena a las necesidades que hoy padece este pueblo perteneciente a la Nación Embera”.

“Más de 320 personas que hoy se movilizan en la capital del país son emberas que llegaron a la ciudad de Bogotá hace más de un año desde los departamentos del Chocó y Risaralda, quienes producto del recrudecimiento de la violencia que sigue azotando sus territorios ancestrales, no tuvieron otra opción más que salir de sus territorios, buscar soluciones en la capital y realizar las respectivas peticiones al gobierno nacional”, se señaló en el documento.

En el texto se indicó que el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC registró, para ese momento, más de 10 mil personas confinadas y más de 2 mil desplazamientos forzados en los dos departamentos mencionados.

“Como Organización Indígena Nacional nos preocupa la suerte de nuestros hermanos indígenas que hoy se movilizan, la de aquellos que se encuentran en contexto de ciudad que requieren una atención especial para rehacer sus vidas en la misma y la de aquellos que aún guardan las esperanza de retornar a sus territorios con justicia, paz, reparación y garantías para la no repetición”, cerró el comunicado.

Pero la conclusión del texto parece atemporal, acaso predictiva, pues los asentamientos persisten y las reclamaciones a nivel de orden público y social siguen vigentes.

Para finales de 2021, más de tres meses después del primer ‘censo’ de la Secretaría de Gobierno (teniendo en cuenta la volatilidad de cifras ante la llegada de más personas), se dio el primer retorno masivo a territorio organizado por la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación: 1.543 indígenas volvieron a Chocó y Risaralda entre el 1 y el 20 de diciembre de ese año.

Aunque fue un avance importante en la búsqueda de soluciones para los indígenas, el asentamiento del Parque Nacional persistió, y poco a poco se entablaron mecanismos como las Mesas de Diálogo o las Unidades de Protección Integral (UPI) de La Rioja y la Florida, que son lugares de tránsito y estabilización antes del retorno completo al territorio.

Más de un año después de la primera movilización hasta el Parque Nacional, y después de las primeras reuniones y de que el reloj central se convirtiera en punto de encuentro para los integrantes de diversas comunidades, el asentamiento se había consolidado como parte de la ciudad: para unos, era la representación de la desigualdad (un ‘país en miniatura’ establecido en un lugar histórico); para otros, una problemática de orden público.

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Tres años: unos llegan, otros se van

En febrero de 2022, la Alcaldía contabilizó la presencia de aproximadamente 1.350 indígenas en el Parque Nacional. Con todas y todos -familias, líderes y lideresas- se llevó a cabo un proceso de retorno a sus territorios.
Para ese entonces el Parque Nacional podía considerarse un ‘resguardo pequeño’ que ya contaba con servicios de salud (hoy en día hay un espacio adecuado por la Secretaría de Salud para la atención primaria general) y acompañamiento de gestores de convivencia.

El 13 de mayo de 2022 la La Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito anunció “la reubicación del 100% de los integrantes de la comunidad indígena Embera que desde septiembre de 2021 se había asentado en el parque” hacia albergues temporales y UPIS antes del retorno al territorio.

Sin embargo, el asentamiento nunca se ha levantado por completo.

Aunque las autoridades ‘cantaron victoria’ en la estabilización de la situación de las y los indígenas, muy pronto varios integrantes retornaron al Parque Nacional (algunos probablemente nunca se fueron) y el asentamiento siguió su curso.

Una de las razones principales fue que el remedio hizo más daño que la enfermedad: quienes volvieron al Parque, aproximadamente unos 300 indígenas, denunciaron malas condiciones en las UPI.

2022 y 2023 se comportaron como si un año fuera el reflejo frente al espejo de otro: retorno a territorio de diversos integrantes, llegada de más comunidades al Parque Nacional y pronunciamientos desde distintas orillas exigiendo una pronta solución.

El seguimiento a las condiciones de las UPI derivó en que, a inicios de 2023, la Secretaría de Salud, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y otras entidades emitieran alertas por las condiciones de hacinamiento y falta de salubridad en la UPI la Rioja, en donde vivían cerca de 1.200 hombres, mujeres, niños y niñas Embera.

“No hay suministro de agua potable, los baños tienen filtraciones, no cuentan con el mínimo de condiciones de salubridad, y el lugar está infestado de moscas y cucarachas, plaga generadora de diversas enfermedades que ponen en riesgo la salud humana”, indicó la Defensoría en un comunicado emitido el 28 de mayo de 2023.

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En octubre de 2023, dos años después del primer sondeo de la Secretaría de Gobierno, más de 300 indígenas abandonaron la UPI La Rioja y volvieron al Parque Nacional, donde ya había otros integrantes de la comunidad Embera.

Para noviembre de 2023, la Unidad para las Víctimas indicó que habían retornado 466 indígenas Embera a sus territorios a lo largo del año.

Y así llegamos hasta 2024: nueva administración distrital pero los mismos requerimientos por parte de las comunidades asentadas en el Parque Nacional.

El año comenzó con una noticia lamentable: la muerte de un menor indígena de la UPI La Rioja. La Secretaría de Gobierno, ahora liderada por Gustavo Quintero, aseguró que se hicieron rondas de prevención en la UPI y detectaron signos de alarma respiratoria en el menor. Duró hospitalizado poco más de diez días antes de su fallecimiento.

En aquel entonces había 13 niños embera hospitalizados en diversos centros de salud.

Lo más reciente hasta el momento se focaliza en dos momentos claves para la ciudad: el pasado 6 de abril los equipos de las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá atendieron a 400 indígenas en el Parque Nacional dado que conviven en carpas artesanales que no los protegen del todo durante el comienzo de la temporada de lluvias a raíz del Fenómeno del Niño.

Al menos de entrada esto brinda un panorama de la magnitud del asentamiento.

Días después, entre el 22 y el 25 de abril de 2024, la Unidad para las Víctimas identificó y verificó la presencia de 785 indígenas, distribuidos en 297 familias de las comunidades Emberá Katío, Dobidá y Chamí, en el Parque Nacional.

¿Cuáles son las exigencias de los embera?

Desde el ‘momento cero’ del asentamiento en el Parque Nacional, la Unidad de Víctimas planteó seis razones por las cuales los indígenas llegaron hasta este espacio de Bogotá:

—Conflicto armado interno y desplazamiento por la guerra.
—Ausencia de servicios integrales del Estado en sus territorios.
—Falta de garantía de viviendas y desarrollo rural.
—Dificultad para el acceso a bienes y servicios básicos.
—Estigmatización social.
—Falta de voluntad política para revertir estas situaciones.

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La ciudadanía se ha habituado al panorama del Parque Nacional: ya se sabe que en las mañanas comienza el movimiento de los y las indígenas asentadas (las familias hacen sus labores cotidianas en los alrededores del lugar), en las tardes los aromas se esparcen de costado a costado del Parque debido a la comida cocinada en ollas inmensas sobre fogones de leña y en las noches los murmullos se apaciguan poco a poco hasta que el silencio se toma por asalto el parque.

Un silencio que permanece así desde hace casi cuatro años.