La extorsión desde las cárceles: un problema persistente en el sistema penitenciario colombiano

Las cárceles colombianas se han convertido en el epicentro de una grave problemática: las extorsiones. Expertos coinciden en señalar que, a pesar de los esfuerzos por controlar la delincuencia desde dentro, las estructuras penitenciarias siguen siendo un caldo de cultivo para actividades criminales.  

 

Recientemente, se desmanteló un call center de extorsión, conocido como 'La Cabina', operando desde la cárcel 'La Modelo', lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad y el control en estos centros de reclusión.

En este contexto, las autoridades están comenzando a reconocer las serias fallas estructurales en el sistema penitenciario. En particular, el General Jorge Luis Ramírez, quien dirigió el INPEC durante cuatro años, señala que se debe aumentar la inversión en infraestructura y tecnología para combatir la extorsión.  

De acuerdo con Ramírez, la mayoría de las cárceles del país no cumplen con los estándares de seguridad necesarios, y muchas de ellas funcionan más como casas en pueblos que como verdaderos centros de reclusión, lo que facilita la continuidad de las actividades criminales.

Un problema clave señalado por expertos es la falta de control en las visitas. Aunque el INPEC ha intentado mejorar la regulación, muchos consideran que este control es insuficiente. 

Según el general Eliecer Camacho, quien comandó la Policía de Bogotá, es necesario restringir la cantidad de visitas y fortalecer los controles internos para prevenir que los internos sigan operando desde las cárceles. 

'Las cárceles deben contar con personal seleccionado rigurosamente, y se deben dar atribuciones a la Policía Judicial para restringir las comunicaciones ilegales con el exterior', afirmó Camacho.

Un factor crítico en este problema es la presencia de teléfonos celulares dentro de las cárceles. Estimaciones oficiales indican que seis de cada diez extorsiones son realizadas por criminales que operan desde las rejas. 

Estos dispositivos, que pueden valer hasta un millón de pesos en el mercado negro dentro de los establecimientos penitenciarios, siguen siendo una herramienta clave para las bandas criminales.  

Según el actual director del INPEC, el sistema penitenciario está trabajando junto con otras entidades para mejorar las capacidades tecnológicas y equipar las cárceles con herramientas como rayos X, cámaras de seguridad, y hasta sistemas para interceptar drones que lanzan objetos al interior.

Óscar Robayo, presidente de un sindicato de trabajadores del INPEC, reconoce la existencia de corrupción dentro de las cárceles, pero asegura que se pueden implementar alternativas para reducir las extorsiones. En su opinión, una de las soluciones más inmediatas sería que los operadores de telefonía móvil cancelen las líneas ilegales utilizadas por los reclusos. 

'Si las empresas de telecomunicaciones cumplieran con la normativa, este fenómeno disminuiría considerablemente', afirma Robayo.

Por otro lado, el gobierno ha admitido que los inhibidores de señal, dispositivos diseñados para bloquear las comunicaciones celulares dentro de las cárceles, no están funcionando correctamente. 

Las soluciones no son sencillas, y la situación sigue siendo crítica. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones dentro de las cárceles, la realidad es que las extorsiones siguen siendo un problema persistente que afecta a miles de ciudadanos en Colombia. 

La combinación de la falta de infraestructura, la corrupción interna y la deficiencia tecnológica han permitido que los delincuentes sigan operando desde las sombras, ejerciendo poder y control sobre los más vulnerables.